El aborto es un drama social, no la solución a un problema

Los debates desarrollados en el Congreso Nacional han puesto en evidencia una dimensión importante de la deuda social argentina: el drama de la maternidad vulnerable, con sus secuelas de muerte de tantas vidas por nacer y de muertes y heridas de madres, sobre todo muy pobres. Ante esta dolorosa realidad, se debate una ley de legalización del aborto voluntario, irrestricto hasta la semana 14, y luego de ese plazo, por tres amplias causales hasta el parto. Ante tantos argumentos y ante algunas posturas fundamentalistas, la Universidad Católica Argentina quiere hacer su aporte desde una ética humanista y social que respeta los derechos humanos.

El aborto nunca es una solución a este drama humano y social:

Porque supone quitarle la vida a un ser humano. La unión entre el óvulo y el espermatozoide produce una vida humana nueva, con un ADN singular y propio, genéticamente completo, biológicamente diferente a su padre y a su madre. Como a todo ser humano debemos reconocerle su dignidad y sus derechos, comenzando por el derecho a la vida que, según el Código Penal, es el bien jurídico más importante.

Porque implicaría una radical discriminación del Estado al considerar unas vidas más valiosas que otras, solo porque atraviesan distintos grados de evolución, llámese mórula, embrión, feto, neonato, lactante, infante, etc. Toda vida humana vale y necesita cuidado en todas sus etapas. La legalización del aborto implica desconocer que nuestro orden jurídico siempre protege al ser más débil. En este caso, el indefenso por nacer, sin opción y sin voz, queda desprotegido.

Porque el valor de la vida humana no puede depender de posturas ideológicas, ni de cosmovisiones parciales, ni de creencias privadas, ni de supuestos derechos, ni de su utilidad política, social o económica. Una sociedad democrática y justa debe ser inclusiva y no descartar a nadie. Esta ley atenta contra la solidaridad hacia el más débil; anula el incomparable vínculo de madre e hijo; potencia un individualismo que genera exclusión; no ayuda a ejercer la responsabilidad personal por las consecuencias de los propios actos y por el bien del otro. En 2016 en Uruguay se registraron 5 abortos legales por riesgo en la salud de la madre, 4 por anomalías congénitas, 1 por violación y 9619 por propia voluntad de la mujer. El deseo subjetivo de una persona no puede decidir que otra vida concebida no siga creciendo en su medio ambiente humano.

Porque el aborto seguro, aún legal, no existe. Tanto el aborto medicamentoso como el quirúrgico presentan riesgos. Los supuestos de la ley, que permite el aborto incluso después de la semana 14, parecen desconocer que el riesgo físico de la madre aumenta a partir de esa semana de gestación. Esto se suma a que, en nuestro país, un elevado porcentaje de maternidades no cumple con las Condiciones Obstétricas y Neonatales esenciales establecidas por la OMS.

Porque el tratamiento legislativo del aborto no responde a una emergencia sanitaria. Los datos del Ministerio de Salud en 2016 registran más de 200 muertes maternas por otras razones: hipertensión, hemorragias, sepsis y otras causas prevenibles. El aborto representa la septuagésima (70) causa de muerte en la Argentina. Los datos oficiales señalan que 233 mujeres murieron por tuberculosis y 194 por Chagas, enfermedades claramente asociadas a la pobreza.

Porque la mortalidad materna se redujo en el mundo sin necesidad de legalizar el aborto, gracias a una mejor distribución de los recursos económicos, una adecuada educación y un Sistema Integrado de Salud, eficiente y equitativo. Con esta ley, la Argentina pretende mejorar sus indicadores sanitarios sin invertir en salud y educación. Uruguay (ya antes de 2012) y Chile (ya antes de 2017) tenían tasas de mortalidad materna significativamente menores que la Argentina mediante educación, asistencia social a las embarazadas en riesgo y programas de salud materna. La pobreza que afecta a gran parte de nuestra población es la raíz profunda de la mortalidad materna y la verdadera urgencia sanitaria. La legalización del aborto no soluciona esta deuda social, sino que invisibiliza a mujeres vulnerables y elimina a pobres antes de nacer.

Una sociedad democrática requiere una ética ciudadana compartida, respetuosa del pluralismo, que proteja los valores y derechos humanos básicos de la vida, la verdad, la libertad, la igualdad, la integridad, la paz. En esa tarea común, quienes afirmamos un humanismo personalista, integral y solidario -en nuestro caso desde una identidad cristiana y católica que reconoce y amplía los horizontes de la razón- defendemos la dignidad trascendente de toda vida humana.

Esta Universidad es una comunidad de saberes y valores comprometida con el bien común de la Argentina y respetuosa de toda vida que, en último término proviene de Dios, reconocido como “fuente de toda razón y justicia” según nuestra Constitución. Sabiendo que la maternidad vulnerable reclama una respuesta integral, ofrecemos nuestro conocimiento interdisciplinario para trabajar con todos los sectores sociales y elaborar políticas creativas que garanticen condiciones de vida digna, resuelvan las causas de la inequidad, ofrezcan educación, prevención, acompañamiento, cuidado y esperanza a la madre vulnerable y al hijo por nacer, y contribuyan al desarrollo pleno de nuestro país.

Pontificia Universidad Católica Argentina

Solicitada publicada el 06/08/18 en los diarios La Nación y Clarín

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